Ante el inminente tratamiento de la ley de reforma del sistema previsional, los abajo firmantes les hacemos llegar nuestra opinión y preocupación respecto al proyecto elevado por el Poder Ejecutivo con las modificaciones hasta hoy conocidas:
- El sistema legal vigente permitió, al momento de su creación y, luego en el año 2007, mediante la Ley 26.222, que los ciudadanos eligiéramos si participar del sistema de capitalización o permanecer en el sistema de reparto. En ambos casos tomamos una decisión conciente y positiva de participar del sistema privado que, aunque mejorable, consideramos la mejor alternativa.
- Bajo el sistema de capitalización se constituyeron cuentas individuales alimentadas con nuestros aportes, de nuestra propiedad y heredables, y que las AFJP administran bajo las normas creadas y supervisadas por el Estado mediante la Superintendencia de AFJP. Es extraño que hoy se utilicen como argumento para estatizar el sistema los resultados obtenidos en las inversiones que el Estado no supo regular y/o controlar.
- Con el argumento de mejorar el régimen y protegernos a nosotros mismos de nuestras supuestas malas decisiones se cambia un sistema, sin dudas mejorable, y con un apuro sospechoso. De esta manera, se violan nuestra propiedad privada y la libertad de elección.
- Se emplea como argumento que el Estado asiste a los jubilados del sistema de capitalización, ocultando que esos mismos jubilados habían aportado al sistema de reparto antes de que se constituyera el sistema de capitalización, y que tal prestación es sólo lo que corresponde por los aportes anteriores; omitiendo la mención de las contribuciones patronales recibidas por el Estado.
- Proponen un manejo de las inversiones que sería más eficiente que el actual, y que además va a servir mejor a los objetivos de la política económica en inversiones en economías regionales y/o infraestructura. Nuevamente, las inversiones de las AFJP estaban reguladas por la Ley 24.241, la Superintendencia, en el ámbito del BCRA y CNV; de manera que podemos suponer que si no se hicieron en el pasado fue por su falta de mérito.
Por todo esto les solicitamos que rechacen el proyecto y se tomen un plazo razonable para analizar eventuales cambios para mejorar el sistema existente, elegido por nosotros.
La comunidad internacional asiste con estupor a este nuevo cambio de reglas de juego que afecta la propiedad privada de los ciudadanos en un plazo récord, siendo un tema que afecta nuestras decisiones de convivencia en comunidad e inversión de largo plazo.
- El sistema legal vigente permitió, al momento de su creación y, luego en el año 2007, mediante la Ley 26.222, que los ciudadanos eligiéramos si participar del sistema de capitalización o permanecer en el sistema de reparto. En ambos casos tomamos una decisión conciente y positiva de participar del sistema privado que, aunque mejorable, consideramos la mejor alternativa.
- Bajo el sistema de capitalización se constituyeron cuentas individuales alimentadas con nuestros aportes, de nuestra propiedad y heredables, y que las AFJP administran bajo las normas creadas y supervisadas por el Estado mediante la Superintendencia de AFJP. Es extraño que hoy se utilicen como argumento para estatizar el sistema los resultados obtenidos en las inversiones que el Estado no supo regular y/o controlar.
- Con el argumento de mejorar el régimen y protegernos a nosotros mismos de nuestras supuestas malas decisiones se cambia un sistema, sin dudas mejorable, y con un apuro sospechoso. De esta manera, se violan nuestra propiedad privada y la libertad de elección.
- Se emplea como argumento que el Estado asiste a los jubilados del sistema de capitalización, ocultando que esos mismos jubilados habían aportado al sistema de reparto antes de que se constituyera el sistema de capitalización, y que tal prestación es sólo lo que corresponde por los aportes anteriores; omitiendo la mención de las contribuciones patronales recibidas por el Estado.
- Proponen un manejo de las inversiones que sería más eficiente que el actual, y que además va a servir mejor a los objetivos de la política económica en inversiones en economías regionales y/o infraestructura. Nuevamente, las inversiones de las AFJP estaban reguladas por la Ley 24.241, la Superintendencia, en el ámbito del BCRA y CNV; de manera que podemos suponer que si no se hicieron en el pasado fue por su falta de mérito.
Por todo esto les solicitamos que rechacen el proyecto y se tomen un plazo razonable para analizar eventuales cambios para mejorar el sistema existente, elegido por nosotros.
La comunidad internacional asiste con estupor a este nuevo cambio de reglas de juego que afecta la propiedad privada de los ciudadanos en un plazo récord, siendo un tema que afecta nuestras decisiones de convivencia en comunidad e inversión de largo plazo.
(Esta solicitada fue realizada con fondos de particulares. Dada la premura del caso, los mismos obtuvieron las firmas de apoyo en solo tres horas.)
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